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Se cumplen 120 años de un hecho que conmocionó la vida social y política de la Barcelona de finales del siglo XIX. Aquella década había sido realmente convulsa y tres años atrás ya se había vivido otro trágico episodio del que todavía no se había recuperado la Ciudad Condal: el atentado en el teatro de la ópera del Liceo.
En aquella ocasión el acto terrorista de los anarquistas había ido dirigido de lleno contra la burguesía catalana (fallecieron una veintena de personas), pero el atentado ocurrido el 7 de junio de 1896 durante la Procesión del Corpus Christi se saldó con un número similar, pero los afectados fueron sobre todo familias de clase trabajadora que se encontraban entre la multitud para ver pasar la procesión (obreros, ancianos, mujeres con sus hijos…).
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Tuvo lugar a las nueve de la noche. Cuando el cortejo religioso ya iba de regreso en dirección hacia la iglesia de Santa María, cuando al pasar por las confluencias de la calle Cambios Nuevos con el callejón Arenas de Cambios una mano lanzó un paquete con dinamita hacia el gentío que allí estaba agolpado mirando con fervor religioso pasar la procesión.
Pero esa bomba no iba dirigida hacia la población civil, sino que la intención del terrorista que la lanzó era la de eliminar a unas cuantas personalidades relevantes (de las muchas que habían acudido a la procesión) de la vida política y burguesa de la ciudad. No calculó con exactitud y cuando el artefacto estalló ya habían pasado las autoridades y afectó de lleno a la muchedumbre.
La explosión mató al instante a tres personas y varias decenas de heridos que tuvieron que ser atendidos sobre los ensangrentados adoquines de la calzada. Tras la llegada de los servicios médicos fueron llevados a la cercana casa de socorro del Paseo de Colón.
Muchos de los heridos lo eran de gravedad, motivo por el que en los siguientes días siguió falleciendo más personas (entre ellos varios niños), alcanzando la docena de muertos.
Durante los días posteriores, las autoridades policiales y militares de Barcelona se pusieron a detener a diestro y siniestro a todo aquel que era sospechoso de ser anarquista, librepensador, ateo o que hubiera tenido algún conflicto con la policía, iglesia o laboral.
Cualquier individuo era sospechoso de haber perpetrado el atentado, motivo por el que en unos días los calabozos estaban repletos de detenidos (alrededor de medio millar).
Se fue realizando las pertinentes investigaciones, interrogando y coaccionando a los sospechosos hasta que la policía elaboró una lista con unos cuantos nombres muy significativos y en los que destacaban algunos destacados miembros de organizaciones anarquistas, algo que provocó que numerosos fueran los ciudadanos y colectivos sociales que organizasen manifestaciones de protesta en la Ciudad Condal.
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Tras un par de meses de investigaciones se presentó ante la prensa la lista con los que se había determinado que habían cometido el atentado del 7 de junio, siendo señalado como principal responsable el obrero de ideología anarquista Tomás Ascheri Fossatti. Al nombre de éste le seguían el de otras 86 personas.
Conocido como ‘Proceso de Montjuich’ (o Proceso de los anarquistas) del 11 al 15 de diciembre de aquel mismo año se celebró en el Castillo militar de la montaña de Montjuich (en la misma Barcelona) el consejo de guerra a todos los acusados de haber participado en el atentado que ocasionó la muerte a 12 personas y dejó otras 35 malheridas y con graves secuelas.
En abril de 1897 se dio a conocer la sentencia, por la cual se condenaba a prisión a diferentes penas de prisión (de 10 a 20 años de cárcel) a 19 de los encausados. Tomás Ascheri y otros siete se les condenó a la pena de muerte y el resto de los acusados fueron deportados a la entonces colonia del Sahara español. El 5 de mayo fueron fusilados los ocho condenados a muerte.
Múltiples fueron las anomalías que se produjeron durante las detenciones, investigación del caso y el proceso judicial, por lo que esto provocó que numerosísimas fueran las manifestaciones de protesta y las acciones contra las autoridades de la época. La más sonada el atentado que le costó la vida al Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, el 8 de agosto de 1897 a manos del activista anarquista (de origen italiano) Michele Angiolillo, quien quiso vengarse de la ejecución de sus compañeros anarquista disparándole tres tiros cuando el mandatario se encontraba leyendo el periódico durante sus vacaciones de verano en un balneario guipuzcoano.
El magnicida fue detenido de inmediato, además de juzgado y ajusticiado en el garrote vil once días después. De no haber sido apresado, los siguientes en su lista para asesinar eran el pequeño rey Alfonso XII, que contaba con once años de edad, y su madre, la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena.
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