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A mediados del siglo XVIII, el recién coronado Fernando VI se encontró con un reino en
el que la mayoría de la población pagaba una cantidad incalculable de tributos
(en algunos casos superaban incluso el 75% de las rentas) pero solo una ínfima parte de todo ese dinero
recaudado a través de los impuestos llegaba a las arcas reales.
Los ciudadanos eran gravados por impuestos que debían de
pagar a la Iglesia, a los correspondientes ayuntamientos y, sobre todo, a los
señores feudales dueños de los terrenos o poblaciones donde vivían.
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Para solucionar este contratiempo el monarca decidió poner
en marcha un plan propuesto en 1749 por uno de sus hombres de mayor confianza: Zenón de Somodevilla y Bengoechea,
primer marqués de la Ensenada, a
quien había colocado al frente de la Secretaría
de Estado de Finanzas (lo que hoy en día sería el cargo de Ministro de
Hacienda).
El plan consistía en dejar de asfixiar fiscalmente a los
ciudadanos con múltiples impuestos y crear un único tributo cuya mayor partida
fuese destinada al erario que sería conocido como ‘Impuesto de Única Contribución’. Para ello era fundamental el
conocer todos y cada uno de los detalles sobre propiedades que había en el
Reino, realizándose así el primer y detallado catastro en la historia de la
nación.
Se habilitó un grupo de funcionarios (alrededor de un
centenar) que a lo largo de los siguientes tres años se dedicaron a viajar a
las trece mil poblaciones que en aquellos tiempos formaban parte de la Corona de Castilla (quedando excluidas
las del Reino de Aragón, Canarias, Reino Foral de Navarra y las Vascongadas) y
que realizaron una minuciosa investigación en cada una de las localidades,
averiguando el censo de la población, las propiedades de cada uno, las
dimensiones, la cantidad de animales que poseían, las actividades a la que se
dedicaba cada ciudadano, los comercios que había en cada lugar, los hospitales,
iglesias o todo tipo de edificaciones, las embarcaciones…
Hasta el más mínimo detalle se averiguó en lo que fue
conocido como ‘interrogatorios’, que se trataba de ir preguntando sobre todo
lo que era de interés para así conformar lo que pasaría a la historia como ‘Catastro de
Ensenada’.
Una vez dispuestos todos los detalles los escribanos del
reino los introdujeron en un extenso informe en una serie de libros a través de
los cuales se podría tener un conocimiento exacto de todos los detalles sobre
los bienes y personas que residían dentro de las lindes de la Corona de
Castilla.
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Una vez que se conocía todo estos detalles el siguiente paso
era implantar el Impuesto de Única Contribución, en el que las cantidades a
pagar serían proporcionales a las rentas y propiedades de cada ciudadano,
pagando una mayor cantidad los que más poseían y menos los desfavorecidos
(existía la figura del ‘pobre de solemnidad’ que eran aquellos individuos que
no tenían absolutamente nada y vivían en la indigencia).
Pero el plan recaudatorio del marqués de la Ensenada, en el que se tributaría en ‘proporción de lo que cada uno tiene, con equidad y justicia’
(tal y como se detallaba en el informe) se encontró con un obstáculo con el que
no contaba: la oposición de las grandes fortunas de la corona (miembros de la
aristocracia y la nobleza) que se negaban a pagar impuestos, ya que hasta entonces
habían estado exentos y ayudaban a la financiación del Estado con aportaciones
privadas, que aunque solían ser generosas en muchos casos después les eran
devueltas en forma de favores y concesiones por parte de la corona.
Por lo tanto, si debían de contribuir obligatoriamente a
través de un impuesto (como cualquier otro ciudadano) todos aquellos
privilegios, de los que hasta entonces se habían estado beneficiando,
desaparecerían.
Ese fue el motivo principal por el que se fue al traste el
plan del marqués de la Ensenada de implantar la que se hubiera considerado como
‘la primera declaración de la Renta en
España’ y no se llevó a cabo.
Fuentes de consulta e imágenes: PARES (Portal de
archivos españoles del Ministerio de Cultura) / Wikimedia
commons
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