por Hasta la primera mitad del siglo XIX, España tuvo una de las mayores tasas de analfabetismo de toda Europa.
Este hecho perjudicó a menudo en la percepción que se tenía del país en el
extranjero, no siendo considerado como una nación influyente en ciertos asuntos,
como por ejemplo, en el conocido como ‘Congreso
de Viena’, donde se ninguneó a los representantes
españoles en la reorganización europea tras la derrota de Napoleón
Bonaparte.
Muy pocas eran las personas que, hasta aquel momento (y a lo
largo de la Historia) habían tenido acceso a los estudios, debido a que la
inmensa mayoría de los ciudadanos de España se dedicaban al trabajo rural desde
muy corta edad.
Tan solo las clases más pudientes (aristócratas y nobles),
los descendientes de la burguesía o quienes optaban por consagrar su vida a la
religión, tenían la oportunidad de acceder a la educación. Hasta aquel
entonces, el 94 por ciento de la
población no sabía leer ni escribir.
Por tal motivo, durante el reinado de Isabel II, en el
periodo conocido como ‘Bienio Progresista’,
desde el gobierno del Partido Moderado
(conservador, católico y monárquico) se legisló en 1857 para elaborar una ley que contemplase la obligatoriedad
de la enseñanza para todos los niños y niñas menores de nueve años.
La mencionada ley (conocida como ‘Ley de Instrucción Pública’) fue promulgada y puesta en marcha a
partir del 22 de julio de 1857 y su mayor valedor e impulsor fue Claudio Moyano Samaniego, ministro de
fomento en aquel momento y político de larga trayectoria (fue alcalde de
Valladolid, diputado por diferentes circunscripciones a lo largo de tres
décadas y senador, además de Rector de la Universidad Complutense de Madrid).
Tal y como se diseñó, la primera educación (infantil hasta
los nueve años) estaba a cargo de los correspondientes ayuntamientos en los que
cada consistorio debía de disponer de al
menos una escuela (aunque en muchas aldeas alejadas de la capital municipal
no llegaba la enseñanza o no había maestros suficientes para atenderlos); el bachillerato
o segunda enseñanza pasó a manos de las diputaciones provinciales, siendo obligatoria la creación mínima de un
instituto de secundaria en cada provincia (en algunas importantes como
Madrid había dos); por su parte los estudios universitarios eran controlados exclusivamente
por el Estado, siendo pocas las
universidades en funcionamiento y muy exclusivo su acceso.
Otra de las cosas que destacaban de la ‘Ley Moyano’ (forma en la fue conocida, debido al ímpetu puesto por
este insigne político zamorano) fue que en todo el territorio nacional se debía
estudiar con el mismo libro, no existiendo diferencia alguna en los contenidos
si se cursaba los estudios en un punto u otro del país. Aunque no era una ley perfecta sí fue la que
más tiempo se ha mantuvo en vigor en la historia de las leyes de educación en
España: 113 años, hasta 1970, en la que se aprobó la ‘Ley General de Educación’ (origen de la famosa EGB).
Entre las imperfecciones de la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano se encontraba el
control que se le daba al credo sobre las asignaturas que podían o debían ser
estudiadas. Y así como se universalizaba la educación para los más pequeños, se
ponía ciertos controles elitistas para acceder a la enseñanza superior, siendo
reservada esta para las clases más pudientes de la sociedad.
A pesar de estos detalles, gracias al impulso realizado por
los posteriores gobiernos en promover el estudio y educación desde la infancia,
España dejó de estar en cabeza de países con más analfabetismo, reduciéndose
radicalmente los porcentajes. Eso sí, en los entornos rurales y más
desprotegidos, a lo largo del siguiente siglo, continuó siendo bastante alta la
tasa de personas que no sabían leer ni escribir (el 64 % a inicios del siglo
XX). Actualmente el analfabetismo en España (en personas mayores de 17 años)
está por debajo del 2 por ciento.
Fuentes de consulta: Gaceta de
Madrid -Ley Moyano- (pdf) / elespanol
/ juntadeandalucia
(pdf) / descubrirlahistoria
/ wikimedia
commons
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