En enero de 1833 tuvo lugar en Estados Unidos uno de los procesos judiciales más curiosos
que se han presentado al Tribunal Supremo de este país de lo miles de casos
que por allí han pasado en toda su historia.
Dicho tribunal estaba encargado de decidir sobre si un
hombre condenado a la pena de muerte tres años antes tenía que ser ejecutado o
por el contrario se le debía de conmutar
la pena por otra de cadena perpetua mediante el indulto que había sido
firmado y concedido por el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, el 14 de junio de 1830.
Lo anecdótico de caso era que el condenado (llamado George Wilson) había renunciado a la concesión
de tal indulto presidencial y prefería morir ejecutado en la horca para pagar
por el delito que había cometido.
Curiosamente, fue el propio Tribunal Supremo de EEUU el que actuaba de oficio para poder
garantizar si se le obligaba a George Wilson a acatar y aceptar el indulto o
por el contrario se le daba la razón al reo para que se cumpliera la sentencia
impuesta por el tribunal que lo juzgó el 27 de mayo de 1830.
Durante la vista llevada a cabo el 18 de enero de 1833 fue
el propio Fiscal General del Estado, el
célebre Roger Brooke Taney, quien representó los intereses estatales para
conseguir que el Tribunal Supremo dictaminara la obligación del condenado a
tener que aceptar el indulto presidencial. Por su parte, George Wilson renunció a cualquier tipo de defensa y no fue
representado por ningún abogado.
Una semana después, el 26 de enero de 1833, el Tribunal
Supremo de EEUU, presidido por el juez John Marshall y formado por otros seis
jueces, hizo pública su decisión, dando la razón al reo y dictaminando que “un
indulto es un acto, cuya vigencia es imprescindible, y la entrega no es
completa sin aceptación. Por tal motivo puede ser rechazada por la persona a
quien se le ofrece; y si se rechaza, no ha descubierto este tribunal ningún
poder para imponerlo”.
Tras conocerse este dictamen se procedió a ejecutar, mediante la horca, a George Wilson, aunque
se desconoce la fecha en la que tuvo lugar dicha pena capital.
George Wilson había sido detenido junto a James Porter en 1830, acusados de haber
asaltado un año antes varias líneas de
ferrocarril con el fin de robar el vagón del correo (donde solía
transportarse dinero y objetos de valor),
resultando herido de muerte, en una de esas ocasiones, el funcionario de
correos que custodiaba los envíos postales.
Este tipo de crímenes solían castigarse con la máxima pena
(la muerte) debido a que el servicio postal y todo lo que representaba a sus
funcionarios se consideraban como un ‘delito
federal’.
El juicio a Wilson y Porter comenzó el 26 de abril de 1830,
siendo encontraros culpables por el tribunal de Pensilvania que los juzgaba y
dictando sentencia de muerte para ambos el 27 de mayo de 1830.
Resulta que George Wilson, a pesar de ser un delincuente,
tenía algunos influyentes amigos que
intercedieron por él ante el mismísimo presidente Andrew Jackson, con el
fin de que éste le concediera el indulto y conmutara la pena por la de cadena
perpetua. Y así lo hizo el máximo mandatario de los Estados Unidos, firmando el
indulto el 14 de junio de 1830 y siéndole comunicado al preso, quien, no se
sabe por qué razón, rechazó dicho perdón presidencial y solicitó que se
cumpliera con la sentencia de muerte impuesta por el tribunal dos semanas
antes.
Debido a esta contrariedad, el proceso de ejecución de George
Wilson se paralizó, hasta que algún estamento superior decidiera, en última
instancia, si se le obligaba a acatar el indulto o se acababa con su vida.
Mientras tanto llegó la fecha en la que debían de haber sido
ejecutados los dos procesados (2 de julio de 1830) siendo cumplida la sentencia
de muerte, mediante la horca, para James Porter.
George Wilson tuvo que esperar hasta 1833 en el que se decidió
sobre su futuro y una vez le dio la razón el Tribunal Supremo se le ejecutó
también en la horca. Jamás se ha sabido que fue lo que llevó al condenado a no
aceptar salvar su vida y por qué no cambió de opinión en los tres años que
habían pasado.
Fuentes de
consulta e imagen: Cornell Law School / smithsonianmag / cnn / press-pubs.uchicago
/ US Supreme Court /pxfuel
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